Flexiseguridad y trabajo: el moderno paradigma
liberal en relaciones laborales
Por Dr. Ignacio Leonardi, (docente UBA-UNLZ),
columnista de Mundo Gremial.

Las clásicas teorías económicas de libre mercado,
donde el trabajador es un costo y el Estado un espectador,
se presentan en la actualidad con un nuevo paradigma.

Nutridas del repaso histórico de su fatídico paso por la
política nacional, han redefinido su presentación,
disfrazando la innegociable ambición desmedida de rentabilidad
bajo el aparente escenario de un diálogo social que busca el
pretendido equilibrio entre capital y trabajo.

El paradigma de flexiseguridad consiste en el equilibrio
entre un mercado laboral flexible y la protección del empleo.
Pretende asegurar condiciones de contratación flexibles y baratas,
que a la vez brinden al trabajador desempleado respuestas a las
contingencias que debe afrontar hasta encontrar un nuevo empleo,
al que accederá de mejor manera a través de políticas de
capacitación y formación.

Se trata de la respuesta a través de la cual las economías con
mayor PBI del mundo (nucleadas en la OCDE, quien hacia 2008
publicó un informe sobre el tema más tarde tratado por la OIT)
intentan solucionar el problema del mercado laboral y las inversiones.
Entienden, estas naciones, que el intenso proteccionismo de la
legislación laboral, junto con el impacto de las negociaciones
colectivas y una enérgica sindicalización –particularmente en
América Latina- son los obstáculos que deben ser removidos para
generar inversión y nuevos puestos de trabajo. Agrega, en la
mencionada lista, la aguda presión fiscal como variable que
termina de cerrarle la puerta al desembarco de capitales inversores.

Con idéntico diagnóstico, el plantel estable de los siempre iluminados
editorialistas comienzan a escribir ríos de tinta sobre la necesidad
de aumentar el empleo privado y mejorar la competitividad con la
receta explicada. Se trata, a todas luces, de la más lisa y llana
flexibilización laboral. Se trata de la imposición de un nuevo
paradigma de relaciones laborales que destruye las históricas
conquistas del mundo trabajador, contratándolo barato, despidiéndolo
sin costo y menospreciando a sus organizaciones; todo ello con
la excusa de la productividad y las inversiones.

Las líneas de intervención que requiere la instalación de este modelo,
distinguen dos abordajes. Uno en el plano colectivo, en torno a la
sindicalización y las negociaciones colectivas. El otro, en el plano
individual, en torno a las formas de contratación y las indemnizaciones
ante la extinción del vínculo laboral. Ambos exigen un determinado
posicionamiento en relación al rol que asumirá el Estado frente a
las modificaciones legislativas necesarias para la adopción del nuevo
régimen y como este cambio se transforma en la piedra angular del
actual viraje en materia de política internacional, integración
regional y tratados de libre comercio.

Indudablemente, el régimen pretendido encuentra como principal obstáculo
al movimiento obrero y sus organizaciones. Por este motivo, el discurso
avanza en dos sentidos. Uno consiste en el cuestionamiento de la base de
legitimidad de las organizaciones. Se insiste constantemente en la
imperiosa necesidad de asegurar un modelo sindical que se cimiente
en un verdadero apego a la libertad sindical y, además, en la real
participación de los representados en la vida interna del sindicato.
Mal que les pese, todo ello sucede.

El ataque a la libertad sindical es el viejo argumento contra la
unicidad promovida. Pretenden una adhesión irrestricta a la
libertad sindical, al modo del modelo chileno, donde no exista
un régimen de personería gremial como monopolio del interés colectivo,
atomizando el poder de negociación con el consecuente perjuicio
para el trabajador. En lo que refiere a la vida interna,
la democracia sindical es, sin duda alguna, un rasgo característico
del modelo sindical nacional. Y aunque perfectible, materializa
la más acabada participación directa del trabajador en la organización
al momento de elegir a su representación de base. El delegado de fábrica,
aquel compañero presente en el establecimiento, es elegido por el voto
directo y secreto de los trabajadores a quienes representará.
Es ese preciso acto, donde la democracia sindical abandona el plano formal
y se trasforma en práctica. Práctica envidiada por el mundo entero donde,
sin ir muy lejos, aún en un país como Brasil donde fue electo un presidente
que surgió de entre las filas del movimiento sindical,
no cuentan con delegados en las fábricas.

En cuanto a la negociación colectiva, el segundo de los sentidos del
discurso en el plano colectivo, se replica la finalidad atomizadora,
planteando la necesidad de favorecer la discusión por empresa y no por
rama de actividad. Se trata de una negociación descentralizada, por
unidad de explotación, de manera que se pueda atender las especiales
ventajas y dificultades de cada empresa. Lo mencionado, no solo
genera situaciones desiguales para trabajadores iguales, alcanzándose
distintas condiciones de trabajo por el solo hecho de pertenecer
a distintas empresas aunque ambas sean de la misma actividad; sino
que además su génesis obedece a la falta de representatividad que
la signataria empleadora detenta respecto de los intereses y demandas
de las empresas que representa.

Por el contrario, si la negociación por rama de actividad produce
distorsiones en los intereses de alguna/s empresa/s que integran
la parte signataria, donde hasta quizás siquiera son contemplados,
debería plantearse el argumento de la deficiente democracia en la
participación de la vida interna de las cámaras empresarias en lugar
de pretender atomizar la negociación.

Sobre esta cuestión, se persigue atar la negociación paritaria
a la productividad empresaria. Lo propio implica definir la
variación salarial de acuerdo al rendimiento empresario, olvidando
el concepto de ajenidad del trabajador, donde el riesgo frente a
las ganancias y las pérdidas es puramente de quien pone el capital.
En épocas de crecimiento y desarrollo empresario, paritaria según
inflación. En épocas de vacas flacas, paritaria según rendimiento
empresario. Concluyentemente el salario del trabajador, siempre
socio en las pérdidas.

En el plano individual, en lo que se refiere a las formas de
contratación y las indemnizaciones ante la extinción del vínculo
laboral, los cambios pretendidos producen profundos perjuicios
para el trabajador. Aquí se visibilizan los alcances más genuinos
de la flexiseguridad en las relaciones laborales.

La manera en que este discurso liberal pretende dinamizar la
demanda de trabajo consiste en flexibilizar las modalidades de
contratación, facilitándolas y fomentando la utilización de
instrumentos tales como el período de prueba o el contrato a
plazo fijo. A confesión de parte, relevo de prueba.

No existe en la normativa laboral nacional instituto más perverso
y pernicioso para el trabajador que el período de prueba. Con solo
mencionar que su vigencia habilita la extinción de vínculo sin
esgrimir causa ni habilitar indemnización alguna, verificamos sus
negativos efectos. Por cierto, tampoco debemos olvidar que su
existencia constituye el resabio más vívido de la flexibilización
laboral noventista, incorporado por la Ley 24.465 del año 1995.

Pero lo más alarmante resulta la propuesta de eliminar la
indemnización por despido, remplazándola por un sistema
contributivo que, integrado por aportes del trabajador y
contribuciones del empleador, asegure un régimen eficaz de d
esocupación. Aquí se confunden finalidades.

La indemnización por despido no fue creada como respuesta
al trabajador en situación de desempleo. Su naturaleza jurídica
obedece a la protección del trabajador frente a la voluntad
unilateral del empleador de extinguir la relación.
El rubro del art. 245 (ítem indemnizatorio terror de los empleadores)
consiste la protección legislativa frente al despido arbitrario.
Eliminarlo, habilita no solo la desprotección total del trabajador,
sino que además desnaturaliza la adopción del esquema normativo del
ilícito tarifado, suprimiendo la sanción indemnizatoria que denota
la ilicitud de la conducta. Se pasa del actual “despida si quiere,
pero pague” al “no espere más, despida…, que ya no paga nada”.

A su reemplazo, se propone un sistema contributivo integrado por
aportes del trabajador y contribuciones del empleador.
No solo ya no se indemniza frente al despido, sino que además
lo que recibe el trabajador es costeado en parte por sus propios
aportes. Sería, entonces, un fondo donde el trabajador va pagando
en cómodas cuotas su propio despido. Un disparate que insulta
la inteligencia.

La factibilidad de un modelo de relaciones laborales flexibles
requiere, por cierto, del apoyo parlamentario de diputados y
senadores propios y ajenos. Un consenso que verdaderamente
plantea un desafío para el gobierno. A su resulta, se terminara
de definir el mapa de integración regional que aspira el
ejecutivo, donde la modificación paradigmática planteada
habilita el camino de las bajas salariales al nivel de la
región, favoreciendo los acuerdos de libre comercio en tratativas.

De ninguna manera la recuperación económica del país puede
transitar este camino. Cierto es que, los sectores que bregan
por estos cambios, llenaran sus bolsillos como siempre lo hicieron.

Pero el fortalecimiento de la industria nacional, el reverdecer
del mercado interno y el incremento de la demanda agregada,
jamás se alcanzará con la pérdida de derechos. 

IAPOS

  

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