LA CAMARA FEDERAL DE LA PLATA DECLARO NULAS LAS
RESOLUCIONES QUE FIJARON LOS AUMENTOS.

Los magistrados justificaron su decisión por la
falta de audiencias públicas previas a las subas.
También frenaron el ajuste de la luz, pero sólo en
Provincia. El Gobierno apuesta a la Corte Suprema.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata le puso
freno ayer al tarifazo del gas en todo el país al
declarar nulas las resoluciones 28 y 31 que fijaron
los aumentos. Los magistrados César Álvarez,
Olga Ángela Calitri y Leopoldo Schiffrin consideraron
procedentes las apelaciones del Centro de Estudios
para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis)
y de Consumidores Argentinos, que habían planteado la
obligatoriedad de realizar audiencias públicas antes de
aplicar cualquier ajuste de tarifas. Los mismos camaristas
hicieron lugar además a una apelación presentada por un
grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la
Victoria y suspendieron por noventa días el aumento en
la tarifa de la luz eléctrica, aunque en este caso sólo
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dejando
afuera incluso a los clientes de Edesur y Edenor.
“Daremos todos los pasos procesales necesarios para
defender las medidas tarifarias que hemos dictado y
que están plenamente basadas en los marcos legales de
cada uno de los servicios públicos involucrados”,
aseguró el Ministerio de Energía a través de un
comunicado. La expectativa oficial es que sea la Corte
Suprema la que le de luz verde al tarifazo en la reunión
de acuerdos que mantendrá el próximo martes.

En respuesta a los fallos de ayer, lo primero que hará
el gobierno será presentar un recurso extraordinario
ante la Cámara solicitando que el tema pase a la Corte
y si se lo rechazan insistirá con un recurso de queja
directamente ante el máximo tribunal para que tome el
tema. Más allá de esta estrategia, el gobierno ya
presentó un pedido de per saltum ante la Corte porque
son numerosos los jueces que vienen frenando aumentos
en distintas provincias y localidades (ver aparte).
El objetivo oficial es que los supremos avalen el
tarifazo y apuesta a que los dos nuevos miembros
designados por el ejecutivo, Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz, tercien a su favor, junto con el siempre
dispuesto Ricardo Lorenzetti.

Los fallos de ayer de la Sala II de la Cámara Federal
de La Plata dejan en claro que el gobierno no la tiene
fácil, pues los argumentos que utilizó para justificar
la no convocatoria a audiencias públicas antes de aplicar
el tarifazo vienen siendo duramente cuestionados.
En el caso del gas, los camaristas hicieron lugar a dos
apelaciones presentadas por Cepis y Consumidores Argentinos.
Ambas entidades argumentaron que es necesario realizar
audiencias públicas, como garantía de participación ciudadana,
antes de concretar cualquier tipo de ajuste. El Ministerio
de Energía retrucó, en cambio, que la audiencia pública no
es obligatoria para la entrada en vigencia de la resolución
28 que fijó un nuevo precio de gas en boca de pozo porque
la producción de gas natural no configura un servicio público
y su precio está sujeto a las leyes del mercado, mientras que
en el caso de la readecuación tarifaria contemplada en la
resolución 31 supuestamente tampoco haría falta la audiencia
porque no es una Revisión Tarifaria Integral sino una
“adecuación transitoria” que forma parte de una renegociación
contractual iniciada hace más de diez años, para la cual ya
se realizó audiencia pública en 2004.

En su fallo, el juez Álvarez rechazó el argumento oficial de
que la audiencia pública ya fue hecha, pero hace 12 años.
“Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de
la ausencia de celebración de audiencia pública previa al
dictado de las resoluciones 31/2016 y 28/2016, medidas que
conllevan una implicancia económica directa sobre las tarifas
del servicio público de gas natural, toda vez que no se puede
tener por satisfecha la obligación fundamental del Estado,
respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las
herramientas de participación y protección de los derechos
constitucionales de incidencia colectiva, a través de audiencias
públicas celebradas años atrás”, remarcó el magistrado. “Máxime,
cuando las circunstancias sociales y económicas eran disímiles
a las actuales en el momento del dictado de las resoluciones
que se impugnan”, agregó.

A raíz de ello, el camarista le ordenó al Estado Nacional
convocar a una audiencia para posibilitar la participación
ciudadana y aseguró que “las citadas resoluciones devienen
nulas por no haber sido precedido su dictado de las
audiencias públicas”. En lo que refiere al alcance del fallo,
el juez Álvarez afirma que “ningún inconveniente existe en
adoptar un criterio de amplitud con respecto a la pauta
territorial”. A su vez, la jueza Calitri, que junto con
Schiffrin adhirió a los argumentos de Álvarez, resolvió
“acumular a la presente todas las acciones colectivas que
correspondan”, por lo que varios analistas interpretaron
que el alcance del fallo es nacional.

En el caso de la luz eléctrica, los mismos magistrados
dictaron ayer otro fallo donde también cuestionan el
tarifazo debido a la falta de audiencia pública, aunque,
a diferencia de lo decidido para el gas, no anularon las
resoluciones sino que las suspendieron por tres meses.
Otra diferencia clave es que en este segundo fallo
aclararon expresamente que su vigencia se limita
“al territorio de la provincia de Buenos Aires”.
Incluso quedaron al margen de la resolución, los partidos
del conurbano atendidos por Edenor y Edesur, ya que ambos
operadores están bajo jurisdicción federal.

Fuente: Pagina 12 

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